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18-08-2022

Malestar en Mequinenza por el retraso en publicar las ayudas autonómicas a los afectados del incendio de Nonaspe-Mequinenza

Piden la misma sensibilidad que con el incendio de Ateca para hacer frente a los daños a 2.300 hectáreas, de las que 700 se corresponden a cultivos de frutos secos, frutales y olivar con unos costes de restitución que podrían superar los 10.000 euros por hectárea

El Ayuntamiento de Mequinenza ha trasladado su preocupación por el retraso en la publicación de las ayudas del Gobierno de Aragón a los afectados por el incendio de Nonaspe registrado a mediados del pasado mes de junio.  Un fuego que afectó a más de 2.300 hectáreas, de las que 1.300 se corresponden al término municipal de Mequinenza, provocando daños en 700 hectáreas de cultivos, 500 en Mequinenza, principalmente de fruto secos, frutales y olivar.

Según datos aportados por el sindicato agrario UAGA el coste de reposición de los cultivos afectados tendría un coste aproximado, dependiendo de variedades, de unos 7.000 euros por hectárea a los que habría que sumar las reparaciones en los daños producidos en los sistemas de riego y en las mallas antigranizo, que apuntaba Antonio Sanjuán, alcalde de Mequinenza, “podrían superar de largo los 10.000 euros por hectárea según el caso”.

Sanjuán se mostraba decepcionado “esperábamos, al menos, la misma sensibilidad que se ha tenido con los afectados del incendio de Ateca” para el que se ha publicado el Decreto Ley 6/2022, de 12 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural. Recordaba, que junto al Ayuntamiento de Nonaspe, se encargó un vuelo en dron para determinar los daños en detalle y agilizar las posibles ayudas que “por el momento no han llegado más allá de la declaración de zona catastrófica”.

Además reclamaba a las administraciones superiores que “en cuestiones que afectan al territorio y su supervivencia no se ponga de perfil y que actúe”, refiriéndose a cuestiones como la problemática de acumulación de lodos en la desembocadura del Segre y la proliferación de algas en Mequinenza que acabará judicializándose, la solución a los problemas con la captación de agua potable del Polígono Industrial Riols (PIR) que acometerá en solitario el Ayuntamiento o los retrasos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación de los regadíos de la Comunidad de Regantes APAC, cuyo órgano rector ya ha anunciado que exigirá responsabilidades patrimoniales.